Rechazo a la posible ampliación del límite para compras en el exterior libres de impuestos:
  
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa - CAME envió una misiva al ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, manifestando la preocupación por los inminentes cambios en el sistema puerta a puerta para compras por Internet que ampliarían el monto a entre 600 y 900 dólares anuales sin abonar tributos, una medida que va en detrimento del impulso del consumo interno y el fortalecimiento del comercio y la industria nacional. La normativa vigente permite una ilimitada cantidad de compras, pero solo libera del pago de impuestos a una operación por año, por un monto tope de 25 dólares. Ahora el Poder Ejecutivo tiene en sus manos un decreto que habilitará la posibilidad de recibir 12 envíos por año por un monto tope libre de tributos de entre 50 y 75 dólares cada una. Además, se agilizarían los trámites.
"Sabemos que los hábitos de consumo están cambiando y que la modalidad de compra online se fue afianzando en los últimos años. No obstante, el comercio tradicional sigue siendo una arteria fundamental de nuestra economía, sobre todo aquellos que han sabido adaptarse a los tiempos que corren. Pero la competitividad de éstos últimos se vuelve muy débil teniendo en cuenta que tienen una sideral carga impositiva y eso los deja en total desventaja frente a la opción de compra online en el exterior que no pagaría tributo alguno dentro de los límites establecidos. Es por ello que desde CAME vemos con gran inquietud esta posible disposición que afectaría seriamente la rentabilidad de nuestras pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales, resentiría aún más la producción local, lo que terminaría perjudicando al consumo y al mercado interno en su conjunto que ya se encuentra debilitado ante la delicada coyuntura actual" fundamentó la entidad en su misiva.
FUENTE: CAME 

ECONOMÍAS REGIONALES: Los precios del agro se multiplicaron por 5,53 veces entre el campo y la mesa del consumidor

La manzana y la naranja volvieron a ser los productos de mayores brechas. Pero la que más subió fue la calabaza. En comparación con diciembre la brecha de precios entre origen y destino aumentó 5,3%. La participación del productor en el precio bajó a 21,4%. En promedio, los consumidores pagaron 5,53 veces más de lo que cobró el productor por sus productos en la tranquera de sus campos. Fueron siete productos los que empujaron el incremento de la brecha en el mes. A los tres mencionados antes se sumaron: la acelga, que pasó de una brecha de 2,8 veces en diciembre a 3,8 veces en enero, la berenjena que subió de 3,6 a 4,8 veces, la frutilla de 4,3 a 5,6 veces y el limón que pasó de una brecha de 6,1 a 7,3 veces, siendo el cuarto producto donde más veces se incrementó el precio desde que salió de las manos del productor. Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el área de Economías Regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores. En enero, el IPOD agrícola subió 6%, llegando a una brecha de seis veces que resulta 33,9% mayor a la del mismo mes del año pasado. El IPOD ganadero, en tanto, subió 0,3%, ubicándose en 3,64 veces, 7% por debajo de enero de 2018.La participación del productor en el precio final bajó 5,7%, a 21,4% promedio, desde el 22,7% del mes anterior.
FUENTE: CAME Leer informe completo haciendo CLICK AQUÍ

La CAME expresa su preocupación por el aumento de tasas de la AFIP: 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) enviamos una misiva al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, expresando nuestra profunda preocupación ante la Resolución 50/2019 publicada el pasado 7 de febrero en el Boletín Oficial, que establece el incremento en las tasas de intereses resarcitorios y punitorios que, desde el 1º de abril, alcanzarán mensualmente la suma equivalente a 1,2 y 1,5 veces, respectivamente, la tasa nominal anual del canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a 180 días, del Banco de la Nación Argentina. Desde CAME consideramos que, en un contexto recesivo en el que la actividad acumula 13 meses con descenso de ventas y aumento de costos y servicios, esta actualización de montos por incumplimiento fiscal generará la posibilidad de que el propio Estado lleve al cierre de pequeñas y medianas empresas que se encuentran asfixiadas por la actual situación económica, mientras que arrastrará a otras tantas a la morosidad, o lo que sería mucho más grave, a la informalidad como único camino posible para subsistir. Es por ello que reclamamos que se reconsidere esta disposición con el objeto de resguardar al ya dañado entramado productivo Pyme, responsable del 70 % del empleo argentino.
FUENTE: CAME 

LECTURA RECOMENDADA: La AFIP y los intereses por mora. Por el Cdr. Héctor Blas Trillo 
      
El Ministerio de Hacienda, mediante la resolución 50/2019, ha resuelto modificar las alícuotas de interés que se aplican a las deudas impositivas, que actualmente son del 3% mensual por la simple mora en el pago (interés resarcitorio) y del 4% mensual cuando se ha iniciado la demanda judicial (punitorios). A partir del marzo, las tasas pasarán a ser 4,5% y 5,6% aproximadamente. Y en el futuro tales tasas se modificarán según lo que ocurra con la tasa activa del Banco de la Nación. Es decir que pasarán a ser flotantes, con la particularidad de que si la tasa del Banco de la Nación sube, no se modificarán los porcentajes fijados para marzo, y si por el contrario baja, entonces bajarán en la misma proporción. Esto es lo que ha informado la propia AFIP.  A su vez en la propia resolución se afirma que lo que se busca con esta medida es que los contribuyentes no financien sus actividades mediante el incumplimiento (en el pago) de impuestos.
Las empresas hoy en día están en una situación muy complicada debido al estado de la economía y no hace falta abundar en esto. Los recursos financieros disponibles se utilizan para cumplir las obligaciones con los proveedores, para el pago de los sueldos, para los gastos corrientes, y si queda margen, para el pago de los impuestos. Esto es así en la generalidad de los casos de PYMES o microempresas. Y también ocurre en empresas grandes aunque en menor medida porque cuentan con posibilidades mayores de financiamiento genuino dentro de la propia actividad. El argumento que utilizan los funcionarios para subir las tasas no es nuevo. Ya en otras oportunidades, por ejemplo durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Secretaría de Ingresos Públicos, este ex funcionario afirmaba exactamente lo mismo, al tiempo que derogaba planes de facilidades para lograr su objetivo. A su vez, la AFIP aplica desde hace un tiempo un criterio muy particular, que es el de calificar al contribuyente según su grado de cumplimiento de las obligaciones en 5 categorías que van de “muy bajo riesgo” hasta “muy alto riesgo”.
Cuando se habla del cumplimiento del contribuyente, se hace referencia al cumplimiento de aspectos formales y también de los pagos en término. Es decir, puede ocurrir que el contribuyente no presente alguna declaración jurada,  como también puede ser que la presente y no pague su saldo. La falta de pago es un elemento de consideración para la calificación y lleva a que el contribuyente que no ha cumplido tenga mayores costos en caso de querer cumplir. Mayores tasas de interés en planes de pago, límites más estrictos en la cantidad de planes a los que puede adherir y otras limitaciones. Podemos resumir la cuestión entonces de la siguiente forma: Los contribuyentes morosos deberán pagar una tasa de interés mayor si no cumplen en término. Y si son morosos, serán considerados de mayor riesgo y por consiguiente si pretenden adherir a algún plan de pagos vigente, tendrán más dificultades, pagarán más tasas de los planes, y mayor será también el pago a cuenta para ingresar en ellos.
Es evidente que la lógica de nuestros funcionarios parte de una especie de prejuicio que consiste en que los contribuyentes son unos pícaros que no quieren pagar, que se financian más barato con el fisco, y que en definitiva si no hacen buena letra se verán todavía más perjudicados. Al igual que en oportunidades anteriores, debemos repetir que este tipo de esquema no dará resultado positivo alguno. Y lo decimos con la mayor contundencia posible. Las dificultades financieras para pagar los impuestos tienen como condimento de gran importancia el hecho de que la carga tributaria se liquida por el sistema de lo devengado. Es decir que el pago de tributos no depende de que el contribuyente hubiera pagado y cobrado todos los elementos que forman parte de su liquidación. Por ejemplo en el IVA, la declaración mensual vence  a mediados del mes siguiente, pero muchas veces la facturación se cobra con 90 o 120 días según a quién se le vende. Los pagos a los proveedores, a su vez, suelen tener plazos variables. Pero las PYMES en general tienen un desfasaje financiero, es decir  que deben pagar antes que los plazos que tienen para cobrar sus ventas. Esta es una de las razones que lleva al financiamiento bancario, que en una situación como la actual donde el propio Banco Central paga tasas del orden del 46% anual, resulta en tasas del orden del 70 u 80% por año. Y ni qué decir del descuento de los cheques diferidos. Estas consideraciones, obvias de toda obviedad, no son siquiera tenidas en cuenta por los funcionarios. Por supuesto que para ir a un sistema de lo percibido habría que modificar las leyes determinativas de impuestos. Pero esta es la realidad.
La ley 27.264, denominada “ley PYME” estableció un sistema de pago del IVA a 90 días entre otras cuestiones, justamente contemplando este problema que comentamos. Pero la AFIP ha agregado una serie de exigencias de “buen cumplimiento”  que hacen que no pocas PYMES no puedan acceder al plazo de 90 días contemplado en la ley. De manera que son PYMES pero para la AFIP no lo son. O es como si no lo fueran. A todo este esquema se agregan las obligaciones de pago mensual que surgen de anticipos, pagos a cuenta, retenciones percepciones y demás yerbas que los contribuyentes deben soportar, las más de las veces en sus extractos bancarios, pero no solamente. Porque las obligaciones de pago de anticipos están legisladas. Y si por ejemplo en el impuesto a las ganancias  el contribuyente espera una ganancia menor este año que el año anterior (o una pérdida) deberá solicitar reducción de anticipos y someterse a una fiscalización que como las guerras se sabe cuándo empieza y jamás cuándo termina. Y cabe tener en cuenta que ningún pago por adelantado, por la razón que fuere, es actualizado o rinde interés alguno a favor del contribuyente, lo cual significa en buen romance un incremento de la alícuota de los tributos que puede llegar a ser muy importante con la alta inflación que padecemos.
Un dato a tener en cuenta es el de que actualmente los planes de pago aún vigentes no han sufrido la modificación de la tasa de interés aplicable a la financiación de los mismos, por lo que continúa aplicándose la tasa del 3% mensual. Digamos una ventanita que todavía sigue abierta. La intención del Fisco es obviamente la de presionar para lograr un mayor cumplimiento de parte de los contribuyentes.  Al menos en nuestra opinión un exceso de presión como el que viene soportándose terminará dando resultados inversos a los pretendidos. Y más temprano que tarde, una nueva moratoria será el camino a seguir, como antes, como ahora, y como siempre. Resulta sorprendente que no se aprenda de la experiencia. O que no se aplique la pura lógica de observar, por ejemplo, que quien presenta una declaración jurada y no ingresa su saldo, no es un evasor sino alguien que está en dificultades financieras. Y en tal caso, con toda evidencia debería facilitársele la posibilidad de pagar en lugar de complicársela y hasta impedírsela.